La Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital de Santiago de Cali y la Defensoría del Pueblo recomendaron a la Corregidora del corregimiento de Navarro reprogramar la diligencia de desalojo prevista para el próximo 30 de junio en el asentamiento Brisas de las Torres, ubicado en el lote Paraje de Cauquita.

La recomendación se fundamenta en las conclusiones de la mesa interinstitucional realizada el pasado 24 de junio en la Personería Distrital de Santiago de Cali, donde se evidenció que aún no se ha materializado de manera integral el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por la Sentencia de Tutela No. 96 del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Cali y por la Sentencia SU-016 de 2021 de la Corte Constitucional.

Durante el encuentro, las entidades constataron que el proceso de entrega de subsidios de arrendamiento continúa en trámite y que un número importante de familias aún no cuenta con alternativas efectivas de reubicación

Según Gerardo Mendoza Castrillón, Personero de Cali, de acuerdo con la caracterización realizada por la Secretaría de Vivienda, el asentamiento está conformado por 390 hogares y 1.226 personas, entre ellas 486 niños, niñas y adolescentes, 453 jefes de hogar víctimas del conflicto armado, además de madres cabeza de familia, adultos mayores y personas en condición de discapacidad.

El Ministerio Público recordó que la decisión judicial ordenó a la administración distrital realizar la caracterización de la población, diseñar un plan de contingencia, ofrecer alternativas de vivienda y reubicación y garantizar la protección de los derechos fundamentales antes de fijar la fecha para la diligencia de desalojo.

En ese sentido, las entidades advirtieron que adelantar el procedimiento sin que previamente se hayan concretado estas medidas podría generar riesgos de vulneración de derechos fundamentales de la población afectada.

Así mismo, resaltaron que durante la mesa interinstitucional la comunidad manifestó su disposición de avanzar hacia un desalojo voluntario, siempre que existan garantías reales para su reubicación y protección.

Por ello, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital de Santiago de Cali y la Defensoría del Pueblo recomendaron reprogramar la diligencia hasta que se acredite el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales y la implementación de las medidas de subsidio, vivienda o reubicación previstas en las decisiones de los jueces constitucionales.

Finalmente, el Ministerio Público reiteró su disposición de continuar acompañando institucionalmente este proceso, promoviendo la articulación entre las entidades competentes y velando por el cumplimiento de las decisiones judiciales, la protección de los derechos humanos y el respeto por el debido proceso.