Una mayor preocupación manifestó el personero Distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón frente al reciente informe de la Fiscalía General de la Nación que advierte un incremento en el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados en distintas regiones del país.

“Esta grave situación que también afecta al Valle del Cauca y a la capital del departamento – dijo – exige respuestas urgentes, coordinadas y sostenidas entre las instituciones del Estado y la sociedad civil”.

Al revisar los datos oficiales, el jefe del Ministerio Público en la ciudad más importante del suroccidente colombiano advirtió que el fenómeno del reclutamiento forzado ha mostrado un repunte en zonas de esta sección del país, particularmente en departamentos como Cauca y Valle del Cauca, donde las estructuras armadas ilegales han intensificado su presencia y recurren a nuevas modalidades de captación, incluso mediante redes sociales y promesas de beneficios económicos.

Así mismo, Mendoza Castrillón indicó que entre 2017 y 2025, al menos 2.949 menores de edad han sido reclutados por grupos armados ilegales en el país, de acuerdo con los números de la Fiscalía General de la Nación. “Esta cifra refleja la magnitud y la persistencia de este delito y Cali por su ubicación estratégica y su condición de ciudad receptora de población desplazada, se encuentra en un punto crítico que demanda atención prioritaria”, expresó.

Otro aspecto que consideró, da cuenta que la Personería Distrital ha identificado en el Valle del Cauca un aumento de casos y alertas relacionadas con la vinculación de menores a grupos ilegales y en la capital del departamento las autoridades locales y organizaciones sociales han reportado casos de adolescentes en riesgo, especialmente en sectores periféricos de la ciudad donde confluyen factores de vulnerabilidad social, pobreza y falta de oportunidades.

Y prosiguió: “estas cifras reflejan no solo el accionar de estructuras armadas, sino también la ausencia de entornos protectores y de políticas públicas sostenibles para la niñez y la adolescencia, de ahí que la importancia de fortalecer las rutas de prevención, protección y atención integral a las víctimas y sus familias, siendo por demás indispensable que las instituciones articulen esfuerzos entre Fiscalía, ICBF, Defensoría del Pueblo, Alcaldía, Policía y Ejército para identificar, investigar y sancionar a los responsables”.

Igualmente, con base en estos registros la Personería también insta a consolidar un sistema unificado de información que permita conocer con precisión el número de casos en Cali y en el departamento, así como las zonas más afectadas, quedando claro que la falta de datos homogéneos y el subregistro dificultan el diseño de estrategias efectivas.

También se considera fundamental, proteger a los líderes comunitarios, los docentes y los defensores de Derechos Humanos que denuncian este delito, aunado al acompañamiento de las familias de las víctimas.

El Ministerio Público hace un llamado a la comunidad caleña para que denuncie cualquier situación de riesgo o sospecha de reclutamiento de menores; las denuncias pueden realizarse ante la Fiscalía Seccional Valle, la Regional del ICBF o directamente en las oficinas de la Personería Distrital de Santiago de Cali, donde se brinda acompañamiento jurídico y sicosocial a las personas afectadas.

Finalmente, la Personería Distrital reitera su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia, ejerciendo vigilancia sobre las instituciones encargadas de prevenir este delito, toda vez que la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad colectiva y una prioridad inaplazable para garantizar la paz y la justicia social en el territorio.