La consulta a la ciudadanía es un mecanismo de participación mediante el cual se recaba la opinión de la comunidad frente a decisiones, políticas o proyectos de interés público, con el fin de fortalecer la democracia participativa y garantizar que la gestión pública responda a las necesidades colectivas. En este sentido, se articula con lo establecido en la Ley 850 de 2003, que define las veedurías ciudadanas como mecanismos democráticos que permiten a los ciudadanos y organizaciones sociales ejercer vigilancia sobre la gestión pública. Esta vigilancia puede extenderse a autoridades de los diferentes poderes del Estado, organismos de control y entidades que ejecuten programas, proyectos, contratos o presten servicios públicos, ya sean de naturaleza pública, privada o mixta, tanto a nivel nacional como internacional. Así, la consulta ciudadana no solo promueve la participación activa, sino que también refuerza el control social sobre las decisiones que afectan a la colectividad.