Dadas las alarmantes condiciones de hacinamiento en la estación de policía de La Flora, donde la ocupación alcanza el 920% de su capacidad, se realizó una prueba de tuberculosis mediante ensayo cutáneo tipo PPD (tuberculina o Mantoux) a 61 personas privadas de la libertad. El resultado fue positivo en 41 de los evaluados, lo que representa una preocupante tasa de contagio. De estos casos, dos personas mostraron signos de tuberculosis activa con alteraciones en radiografías que justificaron la toma de pruebas diagnósticas finales.

El resto de los detenidos con resultados PPD positivos, pero sin síntomas visibles, han sido catalogados como portadores de tuberculosis latente, de acuerdo con la Resolución N° 0227 del 2020 del Ministerio de Salud. Este grupo requiere tratamiento bajo condiciones específicas como la coinfección con VIH o insuficiencia renal, aunque, hasta el momento, no se ha confirmado cuántos de estos detenidos presentan dichas condiciones o cuántos podrían haber propagado la enfermedad en este ambiente de sobrepoblación.

La estación de policía de La Flora tiene capacidad para albergar a 10 personas, pero actualmente se encuentra con 102 detenidos, una situación que facilita la propagación de enfermedades contagiosas como la tuberculosis. Esta situación se agrava por la falta de claridad en la atención médica proporcionada a los detenidos, quienes requieren un seguimiento riguroso para evitar el desarrollo de formas activas de la enfermedad y la posible diseminación del contagio.

Gerardo Mendoza, Jefe del Ministerio Público en Cali, ha manifestado su compromiso de vigilar de cerca la atención médica que se les brinde a las personas privadas de la libertad. “ La omisión en la atención de enfermedades de alta transmisibilidad, como la tuberculosis, puede tener consecuencias fatales, como lo demuestra el caso de Luis Fernando Rosero. Rosero, detenido en la Estación de Policía de El Lido, padecía tuberculosis, VIH y esquizofrenia, con fallo de tutela a favor para recibir atención médica, pero falleció el pasado 27 de agosto debido a una posible falta de atención médica oportuna” puntualizó Mendoza Castrillón.

El caso de hacinamiento en la estación de policía de La Flora plantea serios riesgos para la salud pública y la violación de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad. Es crucial que las autoridades de salud y penitenciarias actúen rápidamente para evitar la expansión de enfermedades como la tuberculosis en un ambiente ya sobrecargado y vulnerable. El Ministerio Público reitera su vigilancia y hace un llamado a las autoridades responsables para garantizar que se tomen las medidas necesarias en pro de la vida y salud de las personas privadas de la libertad