Tras los recientes hechos de violencia registrados en la ciudad, relacionados con enfrentamientos entre hinchas del fútbol profesional colombiano, la Personería Distrital de Santiago de Cali lanzó un fuerte llamado a las autoridades locales.

Gerardo Mendoza Castrillón, titular del ente de control advirtió que existían alertas previas y manifestaciones públicas en redes sociales que anticipaban posibles disturbios por la presencia del Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero, situación que —según indicó— requería mayores medidas preventivas y controles de seguridad.

“Se conocían amenazas y mensajes a través de plataformas digitales y comunidades virtuales, además de otros escenarios donde algunos hinchas del América manifestaban su oposición a que el equipo verdiblanco jugara en el Pascual Guerrero, por tanto, estas alertas debieron ser consideradas en todo momento, al tiempo que se debieron efectuar mayores controles de seguridad para evitar desórdenes públicos, mal comportamiento y vandalismo que hoy afectan la tranquilidad de Cali”, señaló con marcado acento el personero de Cali.

Así mismo, el jefe del Ministerio Público Distrital expresó su preocupación por los hechos violentos ocurridos en distintos puntos de la capital vallecaucana, donde más de 200 personas protagonizaron enfrentamientos que alteraron el orden público y generaron zozobra entre ciudadanos, comerciantes y familias e insistió en la necesidad de fortalecer las acciones institucionales para prevenir nuevos episodios asociados a la intolerancia y la violencia en eventos deportivos.

Mendoza Castrillón enfatizó: “no es aceptable ver a más de 200 personas enfrentándose violentamente en las calles, poniendo en riesgo la vida de muchas personas entre ellos menores de edad, y afectando la infraestructura de negocios y establecimientos de comercio, pues el fútbol no puede convertirse en una excusa para el caos, el miedo y la alteración del orden público”.

Finalmente, exigió de las autoridades Distritales y de policía acciones inmediatas, controles más rigurosos, identificación y judicialización de los responsables, así como estrategias preventivas que eviten que estos hechos se repitan.