El reciente ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con cilindros bomba a una base militar en Arauca ha encendido nuevamente las alarmas en Colombia. El lamentable hecho, ocurrido ayer, dejó un saldo trágico de dos militares muertos y 25 más heridos, generando un nuevo obstáculo en el camino hacia la paz que el gobierno de Gustavo Petro había prometido consolidar. En respuesta, el gobierno decidió suspender los diálogos con el ELN, afectando aún más la ya frágil esperanza de una paz total.

La Voz del Personero de Cali, Gerardo Mendoza

Gerardo Mendoza, Personero de Cali, expresó su profunda preocupación ante la ruptura de los diálogos. En sus declaraciones, subrayó que “el Estado colombiano debe garantizar la vida y los derechos de todos los ciudadanos”, recordando la responsabilidad del gobierno de proteger a la población civil, la más afectada por el conflicto. Mendoza calificó el ataque como “lamentable” y señaló que la falta de confianza entre los actores del conflicto ha sido un obstáculo para lograr una solución duradera.

Insistencia en los Diálogos de Paz

A pesar del reciente revés en las negociaciones, el Personero de Cali enfatizó la necesidad de continuar insistiendo en los diálogos. “Debemos seguir luchando por lo que algunos nunca han conocido y lo que otros soñamos, que se llama paz”, afirmó Mendoza. Para él, abandonar las negociaciones no es una opción, ya que la paz sigue siendo un anhelo tanto para los ciudadanos afectados por el conflicto como para toda la nación.

El Impacto de la Decisión del Gobierno

La decisión del gobierno de suspender los diálogos con el ELN podría tener consecuencias significativas para las regiones más afectadas por el conflicto, como Arauca. La población civil continúa siendo la más vulnerable en medio de estos actos de violencia, y el temor es que esta ruptura en las negociaciones prolongue aún más la búsqueda de una solución pacífica.

El Llamado a la Protección de los Ciudadanos

Finalmente, el Personero de Cali hizo un llamado al gobierno para que mantenga su compromiso de garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos, sin dejar de lado la posibilidad de retomar las conversaciones de paz en el futuro. La protección de la vida y los derechos humanos debe seguir siendo una prioridad para el Estado colombiano en su lucha por alcanzar la paz.