Como un sitio de condiciones infrahumanas e indignantes que violaba la dignidad de las 65 personas que buscaban rehabilitación, fue considerado por el personero Distrital, Gerardo Mendoza Castrillón, el lugar donde operaba la fundación Caminos Reales en el sector de Montañitas en Terrón Colorado.

Después de un recorrido por las instalaciones, acompañado por miembros de la Policía Metropolitana y funcionarios de la Personería, el titular del Ministerio Público en Cali señaló: “salgo triste de este sitio que más parece una cárcel que uno de rehabilitación, donde se siente un estado de zozobra en el que presuntamente se cometieron hechos violentos, que tiene que ser motivo de esclarecimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación”.

Enfatizó que la denuncia se hizo formalmente, cuenta con número de radicación y despacho de fiscal asignado, de ahí que se hace urgente que se haga caso al llamado del personero para que se intervenga de inmediato y se esclarezca judicialmente lo que haya lugar, habida cuenta que en el sitio hay evidencias sólidas de violencia, maltrato y tortura, al que fueron sometidas personas en estado de vulnerabilidad, que no pueden concebirse como garantía a los Derechos Humanos.

Mendoza precisó: “Como personero no puedo permitir que funcionen esta clase de espacios indignantes, pues el ente de control que represento defiende los derechos de todos, máxime si está en vilo la salud y la vida, anotando que puede considerarse mejor el hacinamiento carcelario que he venido denunciando semanas atrás, y por tanto, en buen momento la intervención para que continúe cerrado y no siga prestando servicios de tortura y maltrato, que reitero deben ser esclarecidos con celeridad por parte de la Fiscalía”.

En cuanto al representante legal de la Fundación Caminos Reales, el personero expresó que “jamás ha dado la cara ante estos abominables hechos y he tratado de localizarlo de diferentes maneras y no hemos logrado comunicación alguna, solo hasta este momento que se venció el término preventivo que decretó la Policía, como Ministerio Público hemos observar las condiciones denunciadas, que apuntan a que efectivamente hay responsabilidad que requiere esclarecimiento”, sostuvo.

Indicó que “si bien el sitio fue cerrado por diez días por parte de la Policía, como lo establece la normatividad, se requiere la clausura total del lugar bajo las facultades que le asisten a la inspección de Policía, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Justicia.

Finalmente aclaró: “la Ley 1801 de 2016 establece que en este tipo de situaciones debe cerrarse estos espacios para que no haya alteración, manipulación y ocultamiento de material probatorio”.