El Personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, ha emitido un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas inmediatas frente a la crisis que afecta a los transportadores. La situación, que ha generado desabastecimiento alimentario y falta de insumos esenciales en el sur occidente colombiano, requiere una pronta solución para proteger a la ciudadanía.

Cali en alerta por desabastecimiento:

La movilización de transportadores ha generado una serie de afectaciones, en particular en la región suroccidental del país, donde la falta de alimentos y productos básicos empieza a preocupar a la población. “Es fundamental que el Gobierno Nacional intervenga para evitar un agravamiento de la crisis que ya está impactando la calidad de vida de los ciudadanos”, expresó Mendoza Castrillón.

Protección a los consumidores:

El personero hizo un llamado a la Administración Distrital de Cali para que, en cumplimiento de la Ley 1480 de 2011, se garantice la protección de los consumidores, previniendo sobrecostos en productos de la canasta familiar. Además, invocó la Ley 769 de 2002, solicitando que se revisen las infracciones relacionadas con el estacionamiento en lugares prohibidos, e instó a las autoridades a iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.

Derechos humanos y protesta pacífica:

En su pronunciamiento, el personero también enfatizó la importancia de proteger los derechos humanos durante esta crisis, garantizando la habilitación de corredores humanitarios para el paso de ambulancias, enfermos, niños y personas mayores. “Apoyamos la protesta pacífica, siempre que no comprometa la integridad de los ciudadanos”, agregó Mendoza Castrillón, quien además hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y actuar con cordura en medio de la situación.
La intervención del Personero de Cali refuerza la necesidad de una pronta acción por parte del Gobierno Nacional y las autoridades locales. La defensa del bienestar ciudadano es la prioridad y todas las medidas deben ser tomadas para garantizar el acceso a bienes esenciales y proteger los derechos de la población.