En atención a la grave situación expuesta por líderes y pacientes, se realizó visita a las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud con el propósito de mediar y actuar como garante de los derechos fundamentales en salud.

“Se evidenció el incumplimiento sistemático de los acuerdos previamente suscritos, así como la baja ejecución de los compromisos establecidos, de los cuales solo una mínima parte ha sido cumplida, afectando directamente a pacientes de alto riesgo”, señaló el personero delegado John Herrera.

La problemática se ha intensificado debido a la falta de contratación con la Fundación Valle del Lili, lo que ha restringido el acceso a atención especializada. Aunque algunos servicios han sido redireccionados a otras instituciones, estas no cuentan con la capacidad instalada suficiente para responder de manera integral a las necesidades de los pacientes.

De acuerdo con las denuncias de usuarios y cuidadores, persisten los incumplimientos frente a compromisos adquiridos previamente, lo que ha derivado en complicaciones de salud, hospitalizaciones e incluso riesgos para la vida, especialmente en casos que requieren atención continua y altamente especializada.

“Se identificaron barreras en la continuidad de los tratamientos, incluyendo cambios en los esquemas de atención y remisiones a entidades sin capacidad instalada, lo que ha generado interrupciones en terapias esenciales, particularmente en pacientes con enfermedades huérfanas, hematológicas e inmunológicas”, explicó la personera delegada Mercedes Hurtado.

El Ministerio Público anunció que continuará con el seguimiento riguroso a esta situación y reiteró el llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que adopte medidas urgentes que garanticen la atención oportuna y la protección efectiva de los derechos fundamentales de los pacientes.