El suroccidente colombiano no se puede convertir en un segundo Catatumbo. Aquí hay institucionalidad, presencia del Ministerio Público y una respuesta oportuna para proteger a las víctimas del conflicto armado”, afirmó el personero distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, al referirse a la llegada de familias desplazadas provenientes del municipio de Buenos Aires, Cauca, tras los graves hechos de violencia ocurridos el pasado 16 de diciembre.

De acuerdo con el reporte consolidado por la Personería Distrital, desde el 16 de diciembre y hasta la fecha se han recibido 103 declaraciones individuales, correspondientes a 203 familias provenientes de Buenos Aires. A este flujo paulatino se sumó un evento de características masivas el 29 de diciembre, cuando 36 familias, integradas por 82 personas, se presentaron en las instalaciones del CRAV manifestando haber sido víctimas de desplazamiento forzado.

Las cifras dan cuenta de la magnitud del impacto humanitario: en total se han registrado 103 declaraciones, de las cuales 80 corresponden a mujeres y 23 a hombres. En cuanto a las personas afectadas, se contabilizan 112 adultos, 22 adultos mayores, 41 adolescentes y 28 niños y niñas. El desplazamiento forzado aparece como el principal hecho victimizante, con 102 casos reportados, además de 23 amenazas, dos atentados y un caso de abuso sexual. El 100 % de las familias provienen del departamento del Cauca, específicamente del municipio de Buenos Aires. Ver el cuadro de cifras al final.

Según los testimonios recogidos, los desplazamientos se produjeron luego de una toma armada del municipio, presuntamente por disidencias de las FARC, que dejó daños graves en viviendas, la Alcaldía Municipal y la estación de Policía, así como la instalación de artefactos explosivos en accesos y veredas, generando un clima de miedo generalizado. Muchas familias optaron por salir del territorio para proteger a sus hijos e hijas del riesgo de reclutamiento forzado.

“Nuestro deber constitucional es garantizar que estas familias sean atendidas con dignidad, oportunidad y enfoque diferencial. Cali no puede permitir que la violencia se traduzca en abandono institucional”, enfatizó el personero Gerardo Mendoza Castrillón, al confirmar que la mayoría de las familias desplazadas se encuentran actualmente asentadas en distintos barrios de la ciudad, en condiciones de alta vulnerabilidad social y económica.

En cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, y en articulación con la Subsecretaría de Atención a Víctimas, la Personería realizó el censo de las 36 familias del evento masivo, identificando la necesidad de activar un proceso de atención humanitaria inmediata. Por ello, el 29 de diciembre de 2025, a la 1:30 p. m., el Ministerio Público presentó el caso ante el Subcomité de Reparación, Restitución, Indemnización y Medidas de Satisfacción, durante la Octava Sesión Extraordinaria, con el objetivo de activar el Plan de Contingencia frente a un posible desplazamiento masivo proveniente de Buenos Aires, Cauca.

Finalmente, la Personería Distrital informó que el 30 de diciembre se realizó la toma formal de la declaración colectiva del evento masivo, la cual se encuentra en trámite para ser remitida a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para su correspondiente valoración y registro, reafirmando el compromiso de la ciudad con la defensa de los derechos humanos y la atención integral de las víctimas del conflicto armado.