8 de marzo – Día Internacional de la Mujer

La Personería Distrital de Santiago de Cali habilitó desde 2020 la Línea Únete, con el propósito de atender denuncias de mujeres víctimas de violencia en sus hogares. Al 31 de diciembre de 2020, la entidad había recibido 131 llamadas, de las cuales 110 fueron gestionadas por orientación y 21 requirieron la activación de rutas de atención.

Entre el 01 de enero y el 03 de marzo de 2021, se han presentado 11 homicidios de mujeres, y 3 de ellos ya han sido clasificados como feminicidios por parte de la Fiscalía.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará” establece en sus Artículos 3, 5, 6 y 8 que los Estados partes de dicho instrumento normativo, deberán llevar a cabo las acciones tendientes para que las mujeres vivan una vida libre de violencias.

A pesar de lo contemplado en esta Convención y en otros tratados de derechos humanos vinculantes, las medidas que se han adoptado en Colombia todavía no son suficientes para mitigar los altos índices de violencias ejercidas contra las mujeres, en especial en contra de las niñas, mujeres adolescentes y adultas mayores.

Factores tales como las barreras de acceso a la justicia, escenarios de violencia generalizada, discriminación y desigualdad, se constituyen en elementos de vulneración y riesgo para las mujeres, frente a los cuales no se evidencia un tratamiento integral por parte de la institucionalidad responsable.

Lo anterior es todavía más preocupante teniendo en cuenta que de los 48.258.494 colombianos, según el DANE el 51,2% son mujeres. Ahora bien, según el documento de Cali en Cifras 2020[1], en Santiago de Cali a 2020 habitan 2.264.748 personas, de las cuales 1.188.885 son mujeres, lo que representa el 52.4% del total de la población.

Según el Comité Interinstitucional de Muertes Violentas de Santiago de Cali, durante el año 2020 fueron asesinadas 86 mujeres, de las cuales 4 eran menores de edad. Con corte al 03 de marzo de 2021, en la ciudad se han presentado homicidios de 11 casos de mujeres, lo que representa el 6% del total de homicidios registrados en la ciudad, y tres (3) de ellos ya han sido clasificados como feminicidios por parte de la Fiscalía.[2]

Las anteriores cifras dan cuenta de la problemática a la que se enfrentan las mujeres al verse expuestas no sólo a contextos violentos, sino también a patrones de violencia homicida en el entorno local. Además de esto, en esta misma vigencia, la Fiscalía General de la Nación Seccional Cali, reportó la apertura de 1.552 noticias criminales por delitos sexuales cuyas víctimas fueron mujeres.

En escenario anterior, se vio recrudecido con ocasión del aislamiento preventivo obligatorio producto de la pandemia por COVID-19, toda vez que como se ha evidenciado en diferentes estudios, el primer lugar de ocurrencia de hechos violentos contra las mujeres es el hogar.

Frente a la situación de las violencias ejercidas contra las mujeres en época de pandemia, Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres señaló “La violencia que actualmente aparece como una mancha negra de esta pandemia es un reflejo de nuestros valores, nuestra resiliencia y nuestra humanidad compartida, que se ven ahora amenazados” [3]

Es en este sentido que desde la Personería Distrital de Santiago de Cali, se hace un llamado de atención con respecto a problemáticas de vulneración de derechos que se están dando en el ámbito local y que están afectando de manera directa a las mujeres en la ciudad.

Ahora bien, otra de las situaciones que tienen lugar en el ámbito mundial y al cual ni Colombia ni Santiago de Cali es ajena, es la que tiene que ver con los embarazos en adolescentes, según la Organización Mundial de la Salud, “las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior”[4].

Así pues, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)[5], entre el 1ro de enero de 2020 y el 31 de diciembre del mismo año, en Colombia se registraron en total 3.517 nacidos vivos de madres entre los 10 y 14 años. De esos nacimientos el 96,8% (3.407) sucedieron en cabeceras municipales y el 3,2% (110) en centros poblados o zonas rurales dispersas.

La OMS indica que la problemática del embarazo en adolescentes tiene diferentes causas, entre las cuales hay factores culturales que pueden evidenciarse más fácilmente en países africanos, y también una importante incidencia de condiciones de vulnerabilidad y desigualdad que dejan en situación de desamparo a las niñas y adolescentes frente situaciones de abuso que pueden terminar materializándose en embarazos a temprana edad.

Para el caso del Valle del Cauca, el DANE indica que hubo, entre el 1ro de enero y el 31 de octubre de 2020, un total de 210 nacimientos producto de embarazos en niñas y adolescentes (entre 10 y 14 años), 78 de ellos cuyas madres se encontraban cursando básica primaria, 120 básica secundaria, 3 se encontraban en media académica, 2 de ellas eran niñas o adolescentes que no habían tenido acceso a ningún nivel educativo y 7 de las cuales hace falta la categorización.

De esos 210 embarazos de adolescentes en el Valle del Cauca, el 30% (63) tuvieron lugar en Santiago de Cali, en donde 23 de las niñas se encontraban cursando primaria, 39 secundaria y 1 media académica.

Es importante resaltar que la OMS también pone su atención en los embarazos de adolescentes entre los 15 y 19 años, infiriendo no solamente que las mujeres entre más jóvenes están, menos preparadas físicamente se encuentran para afrontar un embarazo, sino que incluso las que se encuentran en la etapa de la adolescencia, psicológicamente requieren igual acompañamiento durante y posterior al embarazo, lo genera la necesidad de evaluar la capacidad de los sistemas de salud para proveer de atención integral a las niñas, adolescentes y mujeres para prevenir los embarazos a temprana edad y acompañar efectivamente los que tengan lugar, desde un enfoque de garantía de derechos.

Ahora bien, si se revisa la base preliminar del año 2020 proporcionada por el DANE con respecto al grupo etario de adolescentes mujeres entre los 15 y 19 años, se obtiene que en el país ocurrieron un total de 90.661 nacimientos cuyas madres se encuentran en ese rango de edad. De ellos, 5.733 fueron en el Valle del Cauca y de esos, a su vez, 2.410 ocurrieron en Santiago de Cali.

Si se evalúan además de las causas, los efectos de los embarazos en adolescentes, es necesario considerar la afectación no sólo psicológica sino material que sufren las mujeres en dicha situación, y es que la OMS considera que dado que estas situaciones responden mayormente a factores de desigualdad y vulnerabilidad, el tener hijos a temprana edad supone mayores dificultades para materializar los planes de acceso a la educación o el mercado laboral formal para las madres, lo que termina generando círculos viciosos para esta población.

Por otra parte, según la Encuesta de Violencia contra los NNA, realizada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el 2019[6], indica que en Colombia, a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, la violencia física es la que más los afecta, seguida de la sexual y luego la psicológica.

Según las proyecciones que hizo el ICBF a partir de los resultados de la misma, en Colombia el 40,8% de niñas y adolescentes mujeres y el 42% de niños y adolescentes hombres sufrieron algún tipo de violencia (física, sexual o psicológica) antes de los 18 años.

Por su parte el 15,3% de niñas y adolescentes mujeres fueron víctimas de violencia sexual mientras que alrededor del 7,8% fueron hombres. Según el ICBF, los perpetradores más frecuentes de la violencia sexual ejercida contra niñas y adolescentes mujeres fueron en su orden: miembros de sus familias (28,4%), extraño o desconocido (22,5%) o compañero romántico (18,9%). Para el caso de los hombres, los mayores perpetradores fueron: amistades (42,5%), vecinos (20,9%) o un extraño o desconocido (19,1%). Adicionalmente, se sabe que el lugar donde mayoritariamente ocurrieron los hechos fue dentro de sus viviendas con un 72% de ocurrencia tanto para hombres como para mujeres.

Otro de los datos más importantes para el caso, es que por causa de violencia sexual un 27,4% de las mujeres dejaron sus colegios o escuelas, mientras que en el caso de los hombres la cifra asciende al 0,2%.

Ahora bien, la búsqueda de servicios de protección ante la ocurrencia de violencia sexual presenta una tasa bastante baja: por el lado de las mujeres el 7,5% lo hizo y los hombres el 3,9%. En el caso de las mujeres, aducen que no lo hicieron por miedo a meterse en problemas, por vergüenza consigo mismas o sus familias o porque no quisieron o consideraron que no necesitaban los servicios de protección, lo cual da cuenta de la limitada educación en derechos que reciben las mujeres y de los estigmas que perduran en el colectivo y que continúan haciendo mella en la seguridad y salud de las mujeres.

En lo que respecta a violencia física y según la encuesta del ICBF, hasta 2018, el 26,5% de las niñas y mujeres adolescentes fueron víctimas de este tipo de violencia, siendo los padres, cuidadores o adultos parientes los principales perpetradores de este hecho.

Ahora bien, el ser víctima de violencia física generó que el 19,7% de las niñas y mujeres adolescentes que la sufrieron, además, abandonara el colegio o la escuela. En cuanto al acceso a los servicios de apoyo, acompañamiento y orientación, solo el 20,5% de las víctimas niñas y mujeres adolescentes los requirieron, y aquellas que no lo hicieron aducen que no creyeron que la violencia física fuera un problema, o creyeron que era su culpa o “se lo habían buscado”.

Otro hecho preocupante para la Personería Distrital de Santiago de Cali, es que la identificación de la violencia psicológica, igual que la cultural y la patrimonial, sigue siendo una problemática para las víctimas y un reto mayúsculo para las autoridades; esto se refleja en que las cifras de denuncia de este tipo de violencias son bastante bajas en comparación con otras que pueden ser más fácilmente detectables porque sus efectos son evidentes y directos.

Según los resultados de la encuesta del ICBF en el país el 21,2% de niñas y mujeres adolescentes fueron víctimas de violencia psicológica y el 9,5% de los niños y hombres adolescentes igual. Como resultado de este hecho, el 79% de las víctimas mujeres padecen estrés mental, el 50% ideación suicida y el 20% incluso se causó daño a sí misma, los porcentajes para niños y adolescentes hombres en el mismo orden son: 50%, 14% y 5%.

Si bien desde la Personería Distrital de Santiago de Cali deseamos conmemorar el 8 de marzo resaltando los avances en los procesos de empoderamiento y liderazgo efectivo por parte de las mujeres, también creemos que por nuestro deber misional, es importante continuar haciendo hincapié en todo aquello que las continúa afectando y que sigue haciendo necesario el trabajo sistemático y mancomunado por garantizar la equidad, la justicia y el reconocimiento de sus derechos para así poder materializar el ejercicio pleno de los mismos.

De igual manera desde este ente del Ministerio Público, creemos que una de las maneras para garantizar que las mujeres, niñas, adolescentes mujeres, mujeres mayores y mujeres trans puedan participar en condiciones de equidad y de manera efectiva en escenarios de incidencia en la vida pública, y que además puedan tomar decisiones de forma plena, segura y determinada, es seguir acompañando sus procesos de reivindicación mediante el control a gestión que realizan las autoridades locales.

Por este motivo, la Personería Distrital de Santiago de Cali habilitó, desde el año 2020 y con ocasión de la pandemia por COVID-19, la Línea Únete (3108952059), que busca recibir denuncias de violencia contra la mujer dentro de sus hogares. Esta línea, hasta el 31 de diciembre de 2020, había recibido 131 llamadas, de las cuales 110 recibieron orientación y asesoría jurídica y 21 requirieron la activación de la ruta de atención.

Ahora bien, de las 334 peticiones atendidas y culminadas por parte del proceso misional de Defensa de la Familia y Sujetos de Especial Protección, las mujeres fueron las que más requirieron los servicios de este ente de control, con un 64% sobre el total de comisiones cerradas.

Según los tipos de violencia que se han tipificado por parte de la Personería Distrital de Santiago de Cali a partir de la activación de rutas, la que más se presenta es la violencia psicológica (47.61%), seguida de la violencia física (38.9%) y la económica (14.28%). Llama la atención que en la ciudad las personas estén avanzando en la denuncia de casos de violencia psicológica y que por ende se esté fomentando la activación de la ruta por este tipo de casos.

Así pues, lo expuesto, no sólo da cuenta del impacto que tienen estas problemáticas en las mujeres niñas, adolescentes y adultas mayores presentes en la ciudad, sino también de las debilidades de la institucionalidad frente a la garantía de los derechos de este grupo poblacional de especial protección ante la ley.

La Personería Distrital de Santiago de Cali, a través de la asistencia a diferentes comités, labores de campo y recepción de denuncias, ha podido constatar debilidades en la activación y articulación efectiva en las rutas de atención establecidas en el municipio para la atención de violencias contra la mujer.

Y es que la articulación efectiva más allá de responder al principio de colaboración armónica entre entidades públicas, se constituye en un elemento fundamental a la hora de materializar acciones efectivas e integrales que contribuyan al restablecimiento de derechos y a la reconstrucción del tejido social de las mujeres víctimas.

Lo evidenciado da cuenta de las dificultades que se les presentan a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia en todas las etapas de la ruta, y que van desde escenarios de revictimización a la hora de interponer una denuncia, hasta problemas frente a la efectividad de las medidas de protección otorgadas por las autoridades judiciales, donde la gran mayoría de los casos quedan en la impunidad, entre otros factores, por problemas estructurales de la administración de justicia.

Llama la atención de este Ente de Control que además de tener rutas de atención con problemas en su articulación y materialización, también persisten una serie de problemáticas frente a la capacidad instalada de la institucionalidad presente en la ciudad, cuyo ejemplo claro es el estado actual de las comisarías de familia.

En primera medida es preocupante para este ente de control la situación que se ha evidenciado en las 11 comisarías de Santiago de Cali, pues no solo no es un tema nuevo, sino que es una situación de fondo que perjudica su accionar y por ende los derechos de las mujeres, los y las niñas y en general de los sujetos de especial protección.

Y es que si bien en Colombia con la Ley 56 de 1988, se autorizó, entre otras, la creación de las Comisarías de Familia, fue mediante el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor en la cual se creaban efectivamente las mismas. Dos años después, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 y el Estado Social de Derecho, entre 1996 y el 2000 las Comisarías comenzaron a sufrir reformas en sus responsabilidades y alcance.

En Santiago de Cali, solo hasta el año 2005, es decir, 16 años después, se ordena la creación de Comisarías en la ciudad. En 2006, con la Ley 1098 o Código de Infancia y Adolescencia, se vuelve a hacer necesaria una reforma, esta no es tenida en cuenta para la firma del Decreto 411.20.0556  por el cual se crean las 11 Comisarías de Familia que existen hoy por hoy en la ciudad. Sin embargo, con la Ley 1257 de 2008, a los comisarios se les encarga de ser responsables de imponer medidas de protección inmediata para las mujeres víctimas de violencia, lo que supone la necesidad de tener un marco normativo y una capacidad instalada suficientes para el cumplimiento de su labor, condiciones que actualmente no se garantizan para estos espacios.

En ese sentido, mediante visitas realizadas por la Personería Distrital de Santiago de Cali, se pudo constatar que las Comisarías de Familia están trabajando en medio de dificultades mayúsculas como la falta de personal y la falta de coherencia entre la ley actual y la que las rige, que terminan traduciéndose en barreras de acceso a la administración de justicia para los y las ciudadanas.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en Colombia y en nuestra ciudad, desde la Personería Distrital de Santiago de Cali se hace un llamado a las autoridades locales para fortalecer los esfuerzos encaminados a salvaguardar la vida de las niñas, adolescentes, mujeres adultas, mujeres mayores y mujeres trans que la habitan, como objetivo principal de cualquier gobierno.

En el ejercicio de sus funciones, la Personería Distrital de Santiago de Cali, solicita a las autoridades judiciales celeridad en las investigaciones de las agresiones y los homicidios de mujeres en la ciudad. Y enfatiza en la necesidad de judicializar a los responsables como una manera de evitar posteriores vulneraciones a las niñas, adolescentes mujeres, adultas, mujeres trans y mujeres mayores.

Igualmente, este Ente de Control solicita a las IPS, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Administración Municipal y Autoridades Judiciales la activación oportuna, la garantía y restablecimiento de los derechos las niñas (madres y gestantes) menores de 14 años, como lo establece la Ley 1098 y las demás reglamentaciones.

Adicionalmente se insta a los organismos responsables a promover y garantizar los derechos de este grupo poblacional de especial protección para que se avance en el proceso de empoderamiento y el ejercicio efectivo de sus libertades, tanto en la vida pública como en la privada.

A las entidades que tienen responsabilidades en el marco de la Ley 1257 de 2008, este Ente de Control les solicita garantizar la adecuada aplicación de los procesos de atención integral y protección a las mujeres víctimas de violencias, como la única vía efectiva para evitar que los diferentes tipos de violencias terminen materializándose en feminicidios.

UNA LUZ POR LOS DERECHOS E IGUALDAD DE LAS MUJERES

El próximo lunes 8 de marzo, la Personería Distrital de Santiago de Cali realizará un Acto Simbólico denominado: Una Luz por los Derechos e Igualdad de las Mujeres, propuesta que  busca un acto de reconciliación, reivindicación y sensibilización frente a la igualdad real que debe existir entre mujeres y hombres. La igualdad de forma transversal en todas las áreas de nuestra vida cotidiana, pero ante todo un acto en busca del PERDÓN por la memoria de las MUJERES ASESINADAS entre el 2020-2021.

Hora: 5 pm

Lugar: Plazoleta Iglesia La Merced

^[1] Alcaldía de Santiago de Cali. (2020). Cali en Cifras 2020. https://www.cali.gov.co/documentos/1705/documentos-de-cali-en-cifras/

^[2] Fiscalía General de la Nación. (2021)

^[3] Organización de las Naciones Unidas – ONU. (2020). Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra. https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic

^[4] Organización Mundial de la Salud – OMS. (S.F.) Embarazo en adolescentes: un problema culturalmente complejo. https://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-020609/es/

^[5] Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2020). Nacimientos 2020, preliminar. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2020

^[6] Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes 2019.