“Debo celebrar la Alerta Temprana número 012 de 2025, que recoge denuncias y recomendaciones de carácter preventivo para mitigar el impacto en materia de orden público que compromete, el reclutamiento de menores, entre otras formas de violencia que aquejan al territorio”, señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, al pronunciarse frente al informe emitido por la Defensoría del Pueblo.

El jefe del Ministerio Público en el Distrito caleño advirtió que este es un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales, pues no solo pone sobre la mesa la vulnerabilidad de la capital del Valle y su vecindad, sino también la del suroccidente colombiano, particularmente frente al accionar de las disidencias de las Farc y otros grupos armados al margen de la ley y la criminalidad organizada.

Para Mendoza Castrillón, el documento de la Defensoría del Pueblo debe ser leído como una hoja de ruta para la acción. En ese sentido anotó: “la seguridad requiere inversión y por eso es importante que el Gobierno Nacional esté al tanto de lo que se está trabajando y articulando dentro de las estrategias propias para frenar la ola de violencia que viene aquejando esta franja del territorio nacional”.

Y continuó: “la alerta temprana no se queda en un diagnóstico, sino que activa la responsabilidad de múltiples instituciones. De hecho, la comisión intersectorial para la respuesta inmediata ya se reunió en Cali con el fin de establecer un plan de acción que evite que esta advertencia quede en el papel”.

De acuerdo con el personero, la prioridad es garantizar medidas reales de protección a la población civil, en particular a los menores de edad que hoy son presa de la instrumentalización por parte de organizaciones criminales.

Reclutamiento y narcotráfico: una cadena perversa

Gerardo Mendoza Castrillón fue enfático en señalar que el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes se conecta directamente con la cadena del narcotráfico y con las disputas por el control territorial en Cali, en el Valle del Cauca y la region suroccidental del país, por ello sostiene que la alerta temprana visibiliza una problemática que se extiende más allá de lo local.

“Las bandas criminales, los grupos organizados y las disidencias buscan permear a nuestra juventud, capitalizándola e instrumentalizándola para sus economías ilegales; de allí que el Estado tiene que tener una capacidad mucho mayor para proteger a nuestra población menor de edad”, advirtió.

El jefe del Ministerio Público en Cali insistió en que la ausencia de respuestas frente a los cultivos ilícitos y a las rutas de narcotráfico deriva en un aumento del microtráfico, el consumo interno, y con ello, una presión adicional sobre los jóvenes. Cali, según explicó, “no es ajena a este fenómeno global ni a la presencia de estructuras transnacionales que buscan operar desde el suroccidente del país”.

Llamado a la unidad y la inversión en seguridad

Mendoza hizo un llamado a la confianza en las instituciones y al fortalecimiento de las capacidades locales de seguridad. “Se requiere tener la confianza en nuestras fuerzas militares y de Policía, en nuestras autoridades locales, pero eso demanda inversión: inteligencia, tecnología, cámaras, incremento de pie de fuerza; solo así podremos blindar el territorio y romper con la zozobra que afecta a la ciudadanía caleña”, enfatizó.

Gerardo Mendoza aseguró que el ente a su cargo acompañará a las autoridades municipales y departamentales en la implementación de las medidas de la Alerta Temprana 012, porque lo que está en juego es la vida misma de los caleños. “El territorio tiene que responder y no doblegarse ante la criminalidad organizada ni ante las disidencias que buscan desestabilizar y por tanto en la Personería seremos vigilantes y garantes de que las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo se traduzcan en acciones concretas”, concluyó.