Al advertir que el desalojo del asentamiento Brisas de Las Torres no puede terminar con la simple salida de las familias de ese territorio, la Personería Distrital de Santiago de Cali, solicitó avanzar de manera inmediata en soluciones reales frente a vivienda, subsidios, generación de ingresos y atención social.

Tras un acompañamiento permanente de los funcionarios del Ministerio Público de la capital del Valle durante el procedimiento, se estableció que la situación resulta especialmente preocupante porque entre la población afectada se encuentran más de 400 niños, niñas y adolescentes, sujetos de especial protección constitucional, por lo que las decisiones posteriores al desalojo deben garantizar plenamente sus derechos y evitar mayores condiciones de vulnerabilidad.

De igual manera, se conoció que la Personería ha recibido inquietudes de la comunidad frente a las medidas adoptadas hasta el momento, pues varias familias consideran que las alternativas ofrecidas no responden a sus necesidades ni cumplen con las expectativas generadas frente al proceso de atención posterior al desalojo.

A lo anterior, se suman cuestionamientos frente al censo realizado, toda vez que habitantes del sector aseguran que algunas familias habrían quedado por fuera del registro, situación que deberá ser revisada para evitar que hogares afectados queden excluidos de subsidios, ayudas o programas institucionales.

Para la Personería resulta igualmente necesario evaluar si las condiciones derivadas del desalojo están generando fenómenos de desplazamiento intraurbano, teniendo en cuenta que varias familias han debido trasladarse a otros sectores de la ciudad sin contar todavía con una solución habitacional estable.

Ante este panorama, el ente de control solicitará la convocatoria de una mesa interinstitucional de evaluación y seguimiento al cumplimiento de la sentencia relacionada con Brisas de las Torres, con participación de las dependencias de Vivienda, Desarrollo Económico, Bienestar Social y demás entidades responsables.

De acuerdo con análisis preliminares, se dijo que la mesa deberá establecer con claridad qué compromisos se han cumplido, cuáles permanecen pendientes, qué familias continúan sin atención y cuáles serán las soluciones concretas que ofrecerá la Administración Distrital.

Finalmente, quedó claro desde la Personería Distrital que el desalojo no puede convertirse en el inicio de una nueva vulneración de derechos, de ahí que lainstitucionalidad debe garantizar que estas familias tengan una respuesta real, especialmente cuando hay más de 400 menores de edad involucrados, situaciones por las cuales se hará seguimiento permanente hasta que existan soluciones efectivas y verificables.