Ante la decisión del Gobierno Nacional de levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, la Personería Distrital de Santiago de Cali insta a las autoridades para que la medida esté acompañada de estrictos controles, permanente seguimiento y efectivas acciones preventivas.

En el entendido que la restablece los efectos de los permisos de porte que se encuentren vigentes y elimina la exigencia de una autorización especial adicional, para el personero, Gerardo Mendoza Castrillón, cualquier decisión relacionada con la posesión de armas debe tener como principio fundamental la protección de la vida y la integridad de las personas.

En ese sentido, igualmente subrayó: “resulta indispensable que las autoridades militares y de Policía verifiquen rigurosamente el cumplimiento de los requisitos legales, los antecedentes de los solicitantes y sus condiciones físicas, sicológicas y emocionales”.

“Respetamos las decisiones adoptadas por el Alto Gobierno, pero es fundamental hacer un llamado para que esta medida no se convierta en un factor que incremente los riesgos para la convivencia, habida cuenta que la seguridad ciudadana debe estar respaldada principalmente por la capacidad preventiva y operativa del Estado, y no por una mayor presencia de armas en los espacios públicos”, enfatizó el jefe del Ministerio Público en la capital más importante del suroccidente colombiano.

Mendoza Castrillón agregó que “discusiones cotidianas, casos de intolerancia, violencia intrafamiliar, consumo de bebidas alcohólicas y conflictos de convivencia pueden tener consecuencias irreparables cuando existe un arma de fuego de por medio, de ahí la preocupación y la advertencia”.

Profundizando en su análisis el personero caleño solicitó fortalecer acciones en la materia como: verificación periódica de los permisos vigentes, evaluaciones de aptitud física, sicológica y emocional de quienes porten armas de fuego, controles al porte en establecimientos públicos y eventos masivos, así como restricciones relacionadas con el consumo de alcohol y sustancias sicoactivas; también debe ser claro llevar a cabo trazabilidad, custodia y almacenamiento seguro de las armas, operativos contra el tráfico y porte ilegal, campañas ciudadanas para prevenir la intolerancia y resolver pacíficamente los conflictos”.

De igual manera, Gerardo Mendoza solicita que haya articulación permanente entre las autoridades militares, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, la Alcaldía Distrital y los organismos de control, con el propósito de evaluar con rigurosidad los efectos de la medida sobre homicidios, lesiones personales, violencia intrafamiliar y otros hechos que afecten la seguridad y la convivencia.

Señaló con marcado acento que “la prioridad debe ser retirar de las calles las armas ilegales y fortalecer la acción institucional contra las estructuras criminales, toda vez que ningún permiso puede entenderse como una autorización para intimidar, amenazar o sustituir a las autoridades en su deber constitucional de proteger a la ciudadanía”.

Finalmente, sostuvo que la Personería Distrital de Santiago de Cali realizará seguimiento a la implementación de la medida en la ciudad y permanecerá vigilante para que las actuaciones de las autoridades se desarrollen con estricto respeto por los Derechos Humanos, el debido proceso y la protección de la vida.