Un llamado a las instituciones del orden nacional, departamental y distrital, realizó la Personería de Cali para atender de manera integral la crisis humanitaria, social y de seguridad que enfrenta el suroccidente del país, en el marco del desalojo de cerca de 1.300 personas del asentamiento humano de desarrollo incompleto Brisas de las Torres, procedimiento que se adelantó en cumplimiento de una decisión judicial y administrativa de obligatorio acatamiento.

El Ministerio Público señaló que, si bien las autoridades están obligadas a dar cumplimiento a las decisiones emitidas por los jueces y las instancias competentes, esta situación trasciende el ámbito local y pone en evidencia las consecuencias del desplazamiento forzado, la pobreza y las distintas formas de violencia que continúan afectando a cientos de familias que llegan a Cali en busca de protección y oportunidades.

“El cumplimiento de las decisiones judiciales es un deber ineludible; sin embargo, estas actuaciones deben estar acompañadas de una respuesta institucional integral que proteja los derechos humanos de las familias afectadas y evite que nuevos ciclos de exclusión y vulnerabilidad se sigan reproduciendo”, afirmó el personero distrital, Gerardo Mendoza Castrillón.

La Personería advirtió que este caso también refleja las debilidades existentes en materia de prevención y atención de los fenómenos de ocupación informal, así como la necesidad de fortalecer las políticas públicas relacionadas con el acceso a una vivienda digna, los procesos de reasentamiento y la atención a la población víctima del desplazamiento.

En ese sentido, el organismo de control insistió en que la solución no puede limitarse a la ejecución de los desalojos, sino que debe construirse mediante una articulación efectiva entre la Nación, el departamento y el Distrito, orientada a atender las causas estructurales del conflicto social y territorial.

“Cada desalojo debe convertirse en una oportunidad para ofrecer soluciones sostenibles y garantizar que las familias afectadas puedan reconstruir sus proyectos de vida con dignidad. La protección de los derechos humanos exige que las decisiones judiciales se cumplan, pero también que su ejecución esté acompañada de medidas reales que eviten nuevas vulneraciones”, concluyó el personero distrital, Gerardo Mendoza Castrillón.

La Personería Distrital de Santiago de Cali continuará realizando seguimiento institucional al desarrollo de este procedimiento y velará porque, durante su ejecución, se respeten los derechos fundamentales de la población involucrada, especialmente de los niños, niñas, adolescentes, personas mayores y demás grupos con especial protección constitucional.