“La liberación de dos mujeres caleñas en España, víctimas de redes de explotación, es un hecho que nos conmueve profundamente y nos compromete a redoblar esfuerzos para proteger a nuestros ciudadanos en el exterior”, afirmó Gerardo Mendoza Castrillón, personero distrital de Santiago de Cali.

La Personería Distrital de Santiago de Cali confirmó que dos mujeres oriundas de la ciudad se encuentran entre las víctimas rescatadas en un operativo adelantado en Madrid, España, donde autoridades desmantelaron una red dedicada a la explotación sexual de mujeres, incluidas menores de edad.

De acuerdo con la información oficial, la intervención permitió la liberación de ocho mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en un chalet ubicado en la capital española. El inmueble era operado por una pareja —un hombre de nacionalidad ecuatoriana y una mujer colombiana— que ya fue enviada a prisión y que, según las investigaciones, habría utilizado la vivienda durante más de una década para la explotación sistemática de mujeres latinoamericanas.

La operación, denominada “Socavón”, fue desarrollada por unidades especializadas contra la trata de personas, logrando además la captura de otras cuatro personas vinculadas a delitos como organización criminal, corrupción de menores y tráfico de drogas. El caso salió a la luz gracias a la denuncia de dos de las víctimas.

“Este caso evidencia la gravedad de la trata de personas y la urgencia de fortalecer la prevención y la denuncia. Desde la Personería de Cali hacemos un llamado a la articulación internacional para combatir estas redes criminales y garantizar la protección integral de las víctimas”, señaló Mendoza Castrillón.

Las investigaciones revelaron que las mujeres vivían en condiciones de hacinamiento en el sótano de la vivienda y eran explotadas de manera continua. En tan solo cuatro días, las autoridades registraron más de 600 movimientos en el lugar, evidenciando la magnitud de la operación ilegal y la posible participación de menores de edad.

Se estima que esta red criminal generaba ganancias cercanas a los dos millones de euros anuales, lo que refleja el alto nivel de organización y rentabilidad de este tipo de delitos.

La Personería Distrital reiteró su compromiso de acompañar a las familias de las víctimas caleñas y de activar las rutas necesarias para su atención y eventual retorno al país, al tiempo que insistió en la importancia de verificar cualquier oferta laboral en el exterior y denunciar posibles casos de trata de personas.